A ORILLAS DE LA CIFRA
Xosé Carlos Arias
Pensiones y esperanza de vida
El gran
debate nacional sobre la reforma del sistema de pensiones está servido. Y todo apunta a que, después del
informe de los expertos no tardará en llegar –algo dulcificada- la decisión
política de ajuste de las prestaciones y las condiciones para obtenerlas. Causa
cierto estupor que se plantee una reforma tan en profundidad cuando apenas se
cumplen dos años de la anterior, de la que habría que recordar fue saludada con
entusiasmo por algunos organismos internacionales. La OCDE, por ejemplo, decía
en un informe de 2011: “la reciente reforma de las pensiones en España va a
mejorar significativamente su sostenibilidad financiera a la largo plazo”.
Pero ya se
sabe que el avance de la crisis, y el pánico que trae consigo, cambian todo en
muy poco tiempo. El deterioro de los datos es alarmante: si se suele aceptar
que para que el sistema sea sostenible son necesarios 2,1 cotizantes por cada
pensionista, el último dato conocido es de solamente 1,97 (el máximo conocido,
2,5, se obtuvo en 2007). Sin embargo, va contra la lógica basar
cambios que tienen una perspectiva de muy largo plazo –nada menos que el año
2050-, en hechos y situaciones extraídos de la coyuntura: la crisis y sus
consecuencias sobre la renta y el empleo no son en sí mismas razón suficiente
para lanzar la reforma, pues ¿quién se atreve a hacer predicciones sobre el
cuadro macroeconómico de 2022 o 2030?. Por lo demás, a corto plazo la reforma
de las pensiones podría llegar a tener efectos perniciosos, si añadiera más
desánimo aún en la ya colmada bolsa de un amplio sector de la sociedad, y ello
trajera consigo una contracción adicional del consumo
Otra cosa es
la demografía. En la tendencia al envejecimiento encontramos el principal
adversario del sistema público de pensiones en España, y el conjunto de Europa.
Y aquí el factor clave es la evolución de la esperanza de vida. Hasta ahora se
ha aceptado que el fuerte y benemérito crecimiento experimentado por esa variable
en las últimas décadas se mantendrá en el futuro: si para la mujeres, por
ejemplo, a partir de los 65 años de la jubilación, era de 22,36 años en 2011,
se afirma que en 2050 estará ya en 27,28 años. A partir de este dato, si se
quiere evitar la quiebra del sistema, en algún momento habrá que hacer una de
estas tres cosas: o se reducen la prestaciones, o se alarga el momento de la
jubilación, o se aumentan por otras vías los ingresos del sistema (para lo que,
por cierto, en España hay importantes márgenes, aunque de ello apenas se
hable).
Pero,
¿realmente debemos tomar lo anterior como un dato irreversible, tal y como
hacen la mayoría de los comentaristas?. ¿Se mantendrá en realidad en expansión
continua la esperanza de vida?. Desgraciadamente, por primera vez todo empieza
a apuntar a una respuesta negativa: la rampante extensión de los niveles de
pobreza y, sobre todo, el deterioro en el sistema sanitario público, ya
visible, no dejarán de tener consecuencias. Y esto no es una mera especulación
truculenta, sino una precisa predicción que recogen ya diversos trabajos
científicos (véase por ejemplo el artículo “Will
austerity cuts dismantle the Spanish healthcare system?”, en el último
número del British Medical Journal).
Después de todo, el aumento de la esperanza de vida se debió sobre todo al
empuje del Estado de bienestar: si este retrocede, aquélla lo sufrirá. Un dato
clave que se no debiera olvidarse, como ahora con frecuencia se hace, en el debate de las pensiones.
